Guanajuato, Gto.- La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado analizó una iniciativa presentada por los grupos parlamentarios del PAN y PRI, así como por la representación parlamentaria del PRD, con la que buscan fortalecer la certeza jurídica en materia de pensiones y jubilaciones mediante una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La propuesta plantea incorporar el concepto de Remuneración Anual Máxima, con el objetivo de establecer criterios claros para determinar los límites aplicables a las remuneraciones y evitar interpretaciones que puedan afectar derechos ya reconocidos a personas jubiladas y pensionadas.
Durante la mesa de trabajo, el diputado Juan Carlos Romero Hicks explicó que, aunque existe consenso en la necesidad de eliminar privilegios y corregir excesos en el sistema pensionario, también es indispensable garantizar principios como la certeza jurídica, la irretroactividad de la ley, la progresividad de los derechos humanos y la protección de los derechos laborales adquiridos.
El legislador señaló que la iniciativa busca atender dos aspectos fundamentales: definir con precisión el concepto salarial que debe utilizarse como referencia para aplicar los límites previstos en el artículo 127 constitucional y evitar que los cambios legales afecten de manera retroactiva a quienes ya cuentan con una pensión o jubilación reconocida conforme a la ley.
En el análisis participaron representantes de la Consejería Jurídica, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg), el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), el Tribunal de Justicia Administrativa y el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG).
Los participantes coincidieron en la importancia de brindar certeza jurídica a las personas pensionadas y jubiladas, además de garantizar el respeto a los principios de seguridad jurídica, irretroactividad de la ley y protección de los derechos adquiridos.
Asimismo, señalaron que cualquier modificación en materia pensionaria debe realizarse con pleno respeto a los derechos humanos y sin afectar a quienes ya cuentan con una prestación legalmente reconocida.
Finalmente, Romero Hicks agradeció las aportaciones realizadas durante la mesa de trabajo y afirmó que la comisión continuará con el análisis de la iniciativa en próximas reuniones, con el propósito de construir una reforma que fortalezca la protección de los derechos de las personas jubiladas y pensionadas.